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El impuesto del Régimen Complementario del IVA del 10% estaba dirigido al TGN y se aplicaba a los dividendos que la FMC remitiese a Estados Unidos. El Valor Actual Neto (VAN) calculado no incluía la inversión del Estado boliviano en caminos, electrificación, energía y, principalmente, el valor de las 400 mil toneladas métricas (TM) de contenido metálico de litio, por lo que se podía ver a todas luces que el proyecto no era beneficioso para el país.

El vicepresidente del consorcio chino Citic Guoan Group Yang Jianyuan anunció la disponibilidad de la compañía de apoyar al país el 29 de octubre en el I Congreso Mundial de Litio celebrado en La Paz.

El Congreso modificó la cláusula de duración del contrato para evitar que la empresa se quede en Bolivia 40 años sin explotar un solo gramo de litio y solicite una prórroga de 10 años.

Zuleta analizó con detalle los tres impuestos contemplados por el contrato en un artículo titulado "CIRESU-LITHCO: El Contrato del Engaño al Pueblo", publicado en el periódico Hoy el 1 de julio de 1992.

Los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora (1988 - 1993) negociaron con la Food Machinery Chemical Corporation (FMC), ex Lithium Corporation (LITHCO), un contrato de explotación de las reservas de litio y otros minerales del Salar de Uyuni. Se firmó el contrato con FMC el 14 de febrero de 1992 y a mediados de 1992 el Poder Legislativo introdujo cuatro enmiendas al contrato.

El "retraso tecnológico"

El impuesto de 0,5% sobre ventas netas estaba destinado al CIRESU; el impuesto (anticipado) del 2,5% sobre ventas netas correspondía al Tesoro General de la Nación (TGN), que operaba de la siguiente manera: (i) si la sumatoria de anticipos de este impuesto superaba el 30% de las utilidades netas del proyecto, la diferencia se debía acreditar a la FMC; y (ii) si la sumatoria de los anticipos resultaba siendo inferior al 30% de las utilidades netas, la diferencia debía ser pagada por la transnacional. (2)

La FMC no aceptó este cambio y tampoco la homologación del incremento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10 al 13% con el argumento de que el contrato fue suscrito antes de la aprobación de esta medida, en total desconocimiento del derecho soberano de la República de Bolivia a modificar sus leyes cuando lo considere conveniente, evalúa el especialista Juan Carlos Zuleta Calderón. (1)

El contrato entre el Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) y la FMC era un típico arreglo contractual de "riesgo compartido" (o joint venture) en el cual los ingresos para el Estado boliviano se limitaban a los impuestos emergentes del proyecto.

También han hecho ofertas al gobierno boliviano las compañías japonesas Sumitomo y Mitsubishi, la francesa Bolloré, que invitó al Presidente Evo Morales a conocer su planta industrial, y la coreana LG que prevé suministrar baterías a la General Motors.

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